Se acerca justicia a niños oaxaqueños víctimas de pederastia clerical

Tras más de cuatro años de espera, las víctimas del sacerdote pederasta oaxaqueño Gerardo Silvestre Hernández están cerca de conocer la sentencia que se le dictará en las próximas semanas al aún ministro de la iglesia católica, quien según estimaciones de otros religiosos que han denunciado su caso, abusó sexualmente de más de 45 niños indígenas, aunque fue procesado sólo por dos de esos ataques.

Respondiendo al llamado del padre Manuel Arias, uno de los diez sacerdotes que tuvieron el valor de denunciar ante las autoridades eclesiásticas y civiles al padre Silvestre, acudí el pasado 18 de enero a Villa Alta, hermoso pueblo enclavado en lo más alto de la sierra oaxaqueña, para estar presente en la “audiencia de conclusiones” —último paso para que el juez encargado dicte sentencia—, misma que se llevó a cabo en el juzgado mixto de ese poblado.

Mi presencia obedeció a que el año pasado realizamos, en colaboración con la agencia Bengala, el documental “Silvestre. Pederastia clerical en Oaxaca” (libre acceso aqui), que tuvo una amplia respuesta en medios y personas relacionadas con el tema, y en cuya elaboración pude conocer de cerca la realidad de las víctimas y su sufrimiento ante la injusticia y ante la complicidad y protección que la iglesia católica ofrece a los perpetradores. Era de mínima congruencia estar ahí en estos momentos tan importantes del proceso penal. Viajé durante más de cinco horas por una carretera llena de curvas y con un largo tramo de terracería, junto al papá de una de las víctimas, además del padre Manuel Arias y el activista Felipe Sánchez, del Foro Oaxaqueño de la Niñez (liga), con quienes hicimos el video que acompaña esta nota.

Aunque el juez Juan Raúl Aquino Geminiano intentó disuadirnos de entrar a la audiencia, alegando que estaríamos “muy apretados”, nos hicimos presentes y no sin asombro nos dimos cuenta que el acusado no había asistido, aunque se le había requerido.

El agente del Ministerio Público dio lectura a las conclusiones, según las cuales se ratifica el oficio VGCR/1537/2016 de fecha 20 de septiembre de 2016, “en el cual se formula la conclusión acusatoria al procesado Gerardo Silvestre Hernández, por encontrarse plenamente acreditado el delito doloso de corrupción de [dos] personas menores de 18 años de edad [se reservan nombres]… Asimismo se ratificó por encontrarse plenamente demostrada su responsabilidad del procesado en cita”. El abogado defensor se concretó a señalar: “Nos adherimos a lo manifestado por las conclusiones. Nos adherimos a lo manifestado por la conclusión de culpabilidad del procesado”.

La audiencia terminó cuando el juez comentó que la sentencia “será dictada en los términos de ley”, o sea, en 15 días hábiles, aunque aclaró que en atención a que el expediente comprende tres tomos muy voluminosos, se podrían tardar un poco más.

Salí del juzgado con la la certeza de que habrá una condena por fin, después de más de cuatro años en los que el acusado ha permanecido preso a la espera de sentencia, y con la pregunta de qué tanto esa sentencia significará auténtica justicia para las víctimas. Luego reflexionamos en grupo y concluimos que si bien no estábamos satisfechos porque Silvestre fue procesado sólo por “corrupción de menores” y no por un delito más grave, como hubiéramos considerado justo, el sólo hecho de que se dicte una sentencia condenatoria es para nosotros un triunfo, pues según la información a nuestro alcance, será la primera vez en México en la que un sacerdote católico es condenado por un delito similar.

Hoy, después de tantos años de lucha de las múltiples víctimas, incluyendo a sus familias y a los sacerdotes denunciantes, esperamos que verdaderamente las autoridades a cargo del caso den un ejemplo de apego al estado de derecho y dicten una fuerte sentencia condenatoria.

No quisimos dejar pasar este importante momento sin consultar con dos de las personas emblemáticas en la lucha contra la pederastia clerical en México, Joaquín Aguilar, titular de la Red de Supervivientes de las Víctimas de Abusos por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), y Alberto Athié, exsacerdote católico que encabezó las denuncias contra Marcial Maciel, y que desde los años 90 ha permanecido en la lucha contra la pederastia clerical y a favor de las víctimas. Aquí los comentarios que nos compartieron.

 

No estamos contentos, pero Oaxaca ha puesto el ejemplo

 

Joaquín Aguilar nos comentó vía telefónica que coincide con nosotros en el sentido de que en esta penúltima audiencia del proceso contra Gerardo Silvestre quedó claro que habrá una sentencia condenatoria, pues se estableció que está acreditado el delito de corrupción de menores, aunque “no estamos contentos, porque lo ideal sería que hubiera una sentencia por delitos sexuales, pero a estas alturas el proceso es un auténtico logro, porque no se había tocado hasta ahora a un sacerdote por este tipo de delitos”. Enfatizó que con este caso, el estado de Oaxaca, a pesar de padecer una gran injusticia social, “está poniendo un ejemplo muy digno para que se haga justicia en todos los estados” en casos de pederastia clerical.

Este joven y valiente abogado, quien como víctima del tristemente célebre padre “Nico” Aguilar emprendió una tenaz lucha a favor de otras víctimas, señala tres exigencias que deberían plantearse en el caso Silvestre:

 

  • Que el juez dicte la sentencia máxima contemplada para el delito de corrupción de menores en el código penal del estado de Oaxaca.

  • Que las autoridades busquen un mecanismo para mantener a Gerardo Silvestre bajo vigilancia una vez que cumpla su sentencia, ya que existe la posibilidad de que sea restituido en su cargo al frente de una parroquia, pues a pesar de todas las evidencias, para la iglesia católica el procesado sigue siendo inocente, como hizo constar por escrito la Congregación para la Doctrina de la Fe, desde Roma. Una  restitución semejante le daría a Silvestre de nuevo acceso a menores, con lo que el Vaticano mandaría un mensaje totalmente contrario a lo que que han dicho en repetidas ocasiones los últimos papas en contra de los curas pederastas y sus superiores que los encubren.

  • Que las víctimas reciban una cabal reparación del daño y no una simple compensación. Asimismo, este caso merece una disculpa pública de parte del gobierno y las autoridades eclesiásticas hacia las víctimas.

 

Las artimañas de la Santa Sede

 

También vía telefónica, Alberto Athié destacó que el hecho de que el defensor de Silvestre no haya alegado nada a favor del acusado, sino que aceptó las conclusiones acusatorias, indica claramente que toda la defensa se basó en una estrategia deliberada de dilación, de buscar retardar un proceso que a fin de cuentas terminó en una aceptación de culpabilidad. “Considero lamentable que en vez de buscar una defensa legítima y con base en el derecho, se busquen defensores que busquen simplemente retardar y retardar los procesos, que eso lastima a las víctimas que ya de por sí han sido dañadas”, enfatizó.

Athié coincidió con Aguilar al comentar que “desde el punto de vista histórico estamos probablemente ante la presencia del primer caso en donde existe la posibilidad de saber, de conocer que se ha llevado a cabo una investigación por parte de las autoridades competentes, para verificar, validar y además ratificar que el padre Silvestre es efectivamente responsable de los delitos cometidos”. Aunque, al igual que nosotros y Joaquín, lamentó “que no se haya logrado integrar la información para determinar que este sacerdote no solamente cometió un delito de corrupción de menores, sino de auténtico abuso sexual agravado, y además en forma sistemática”.

Por otra parte, indicó que lo establecido en la audiencia de conclusiones va exactamente en sentido contrario al método y a la conclusión a la que llegó la Arquidiócesis de Oaxaca y la Santa Sede en Roma, quienes ni siquiera entrevistaron a las víctimas, y aún así eximieron de responsabilidad al agresor. Agregó que “ojalá se haga público ante los medios a nivel internacional que la Santa Sede no sólo protege a pederastas sino que lleva a cabo toda una serie de artimañas y de estrategias para retardar y negar la justicia, para abandonar a las víctimas, y esto sigue vigente durante el papado de Francisco”.

Planteó también las exigencias que según su criterio el caso amerita:

 

  • “El padre Silvestre requiere no solamente cumplir con la pena que    estamos esperando que se le dé, sino que debe recibir la atención que necesitan este tipo de agresores, para que al cumplir esa pena tenga conciencia de que tiene esta problemática, y que por tanto no se debe de acercar jamás, nunca más a ningún niño o niña en su trabajo, en sus actividades, y que esto debe de quedar claro para la  iglesia, para las autoridades de Oaxaca o de dónde se encuentre”.

  • “Yo invitaría a los abogados de estos muchachos a que emprendan una denuncia por encubrimiento contra el arzobispo José Luis Chávez Botello, por ser responsable, no solamente de los daños contra estos dos niños y los sacerdotes que se atrevieron a denunciar, sino contra todos los niños indígenas que fueron abusados durante todos los cambios de parroquia que ordenó Chávez Botello, y que permitieron a Silvestre seguir con sus abusos en diferentes lugares”.

  • “Mi reflexión iría hacia el gobierno del estado de Oaxaca, pidiéndole, exigiéndole con base en el derecho, que lleve a cabo procesos judiciales, de investigación, mucho más prontos y expeditos a favor de las víctimas, y que no se deje presionar o  manipular por ningún otro poder o influencia externa que busque amedrentar o manipular a su favor la causa de la justicia, porque el tiempo que se llevó este proceso es larguísimo y parecía que no íbamos a llegar a ninguna conclusión a favor de las víctimas”.    

  • “A las víctimas y sus familias les invito a que luchen por una indemnización y acceso a tratamiento psicológico y una recuperación de todos los daños posibles que les han cometido en su contra”.

 

Por último, Alberto Athié aseguró que el resultado de la audiencia de conclusiones “demuestra que los diez sacerdotes que levantaron la voz con sus denuncias contra Silvestre y lo denunciaron, estaban en la verdad, y eso merece también una exigencia de que sean reinstalados en sus diferentes ministerios los que fueron expulsados. Los que fueron hostigados, perseguidos, incluso amenazados de muerte y hasta provocado un accidente, como el caso del padre Manuel Arias, deberán ser reivindicados en su dignidad, en su fama, en su honorabilidad y en sus derechos como personas y como sacerdotes en la Arquidiócesis de Oaxaca”.

 

Cristina Sada Salinas