Minería y 4T. No es un tema de corrupción sino de un mal marco legal: F. Cravioto

Francisco Cravioto* hace un balance de la política minera mexicana, que en lo que va del gobierno de la Cuarta Transformación tiene más continuidades que rupturas con  respecto a los mandatos anteriores. Nos indica que las grandes empresas tienen concesionada una parte importante del territorio nacional bajo reglas muy laxas y a precios irrisorios, para una actividad que supone la devastación de comunidades enteras y de la naturaleza, además de provocar el colapso económico de las regiones en donde esta industria se asienta, pues entre otros males, genera poco empleo y de muy corta duración.

 

Como salida a este panorama desolador Cravioto propone un cambio legislativo de fondo, que produzca una nueva Ley Minera que contemple a las comunidades y a la sociedad en su conjunto, bajo una nueva lógica de desarrollo que no caiga en simulaciones a la hora de establecer las consultas a los pueblos, las cuales hasta hoy no son vinculantes.

 

El problema no está en la corrupción como pregona la 4T, nos advierte nuestro entrevistado, sino que está en un mal marco marco legal establecido desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, mismo que el gobierno de la 4T tiene la oportunidad histórica de modificar.

 

Quede aquí este análisis y este llamado a que el poder legislativo tome cartas en el asunto.

 

 

Entrevista realizada por César Valdez,

exclusiva para www.cristinasada.com

 

 

***

 

I.- Política minera de la 4T: continuidad

 

¿Qué opinión te merece la política minera de este país y qué cambios has visto con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Hay novedades en cuanto a la política minera en general? 

 

Realmente lo que estamos viendo en la actualidad con respecto a la política minera es continuidad respecto a lo que ha sido la relación entre el gobierno federal mexicano y la industria minera tanto extranjera como nacional. Realmente no ha cambiado mucho el panorama desde 1992 hasta la fecha. Hay algunos sutiles cambios que explicaré, pero primero voy a dar un panorama general de cómo se encuentra la situación de esta industria en México.

 

Desde 1992 se propuso una nueva Ley Minera que fue promulgada en este año como parte de los preparativos para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta Ley Minera, a diferencia de la ley anterior que databa de los 70 y que una ley pro industria minera pero desde un enfoque nacionalista con mucho énfasis en sólo permitir a mexicanos o empresas mexicanas llevar a cabo la explotación de bienes minerales del subsuelo.

 

Esta nueva ley de 1992 abre el sector también a capitales extranjeros. Realmente se quitan los requisitos de qué tanto porcentaje de capital debe tener una empresa mexicana para poder operar. Antes era el 50 por ciento más uno, y a partir de 1992 se vuelve libre, pueden ser capitales de cualquier parte del mundo. La única diferencia, el único requisito es que tienen que ser empresas que son registradas en México pero para las empresas transnacionales esto es muy fácil: se crea un filial, se registra en México esta filial, esta empresa, esta persona moral y ya con eso es posible acceder a una concesión.

 

Ahora bien, este régimen minero entrega concesiones que son permisos para realizar tres actividades básicamente que es: exploración, explotación y beneficio. De beneficio estamos hablando de aquellas actividades donde el material extraído, toda la tierra extraída del subsuelo es procesada para separar aquellos minerales que tienen valor en el mercado del resto de los minerales que en este momento no son, o no le parecen útiles al empresario.

 

Esas son las actividades de beneficio: exploración, explotación y beneficio minero. Entonces un particular o una personal moral puede solicitar una concesión, y de hecho el trámite para conseguirla es sumamente sencillo, requiere una erogación mínima de recursos, antes era 2 mil pesos por concesión y ahora más bien varía la cantidad según la extensión de la concesión solicitada, puede ir desde 500 pesos hasta 20 mil pesos; no obstante sigue siendo un monto pequeño para estas empresas.

 

Pero la concesión otorgada tiene una duración de 50 años, con una posible prórroga automática de otros 50 años más. Entonces es un permiso que entrega el gobierno federal para realizar estas actividades por cien años. Y, ¿por qué es esto, o por lo menos a nuestro parecer por qué es grave?, pues básicamente porque las concesiones mineras se otorgan por encima de cualquier tipo de terreno. Puede solicitarse una concesión sobre terrenos que se encuentran en propiedad privada, ya sea pequeña o grande propiedad privada; puede solicitarse la concesión sobre ejidos o en sobre comunidades, en el caso de propiedad social. La concesión se puede solicitar sobre una área natural protegida, sobre un sitio Ramsar (ver), se puede solicitar sobre una área urbana, sobre un sitio arqueológico sobre una carretera, en fin, basicamente no hay límite dentro del territorio nacional sobre dónde se pueden otorgar las concesiones.

 

II.- Un alto porcentaje del territorio nacional concesionado a mineras

 

Se manejan números que ha dado el propio López Obrador, sobre que entre el 30 y 40 por ciento del territorio nacional está concesionado. ¿Es correcto? (video)

 

Es impreciso. Digamos que sí es cierto que un alto porcentaje del territorio nacional está concesionado, pero es el 11.4 por ciento del territorio nacional. No llega al 30 por ciento (Nota*).

 

Pero el asunto aquí no es cuestión de que si es más o es menos lo que está concesionado; ya decir que el 11 por ciento del territorio nacional está bajo concesión minera, es decir que para el 11 por ciento de la superficie del país la actividad más importante es la minería, es mucho. Lo cual no necesariamente corresponde con la realidad. Particularmente para aquellas personas que viven en esos territorios concesionados.

 

Es calidad contra cantidad. No se trata de qué tanta superficie esté concesionada sino exactamente cuáles son esos sitios que se están concesionando.

 

Entonces, como decía, tenemos un 11.4 por ciento del territorio bajo concesiones que duran cien años.

 

Y hay otro tema muy grave que tiene que ver con la Ley Minera, que en el artículo sexto menciona que estas actividades son de utilidad pública y prioritarias por encima de cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, preferente sobre cualquier uso o aprovechamiento del terreno. ¿Qué significa esto?, que en este 11.4 por ciento del territorio nacional la minería es la actividad que prevalece. Entonces si bajo la concesión hay personas realizando otras actividades, por ejemplo actividades agrícolas, actividades ganaderas, incluso actividades industriales o de turismo, estas actividades por lo menos en un conflicto entre marcos normativos la ley le da preferencia a la minería para realizar estas 3 actividades que mencionaba que son exploración, explotación y beneficio.

 

¿Y cómo se traduce esto en efecto en la práctica?

 

III.- Minería de tajo a cielo abierto no es como en Blancanieves

 

Pues básicamente que un concesionario y minero que ya obtiene una concesión y presenta un proyecto —bueno hay una serie de permisos que tiene que solicitar —, ya se entregó el permiso básico que es la concesión, y presenta un proyecto de explotación y resulta que donde quiere hacer un tajo a cielo abierto  —y esto lo tienen que entender la gente que lea esta entrevista —, la forma en cómo se hace minería hoy en día no es como no lo pintan en las películas, como Blancanieves u otras así como de los pequeños túneles donde la gente entra con pico y pala y con carritos de tren cargados de mineral; esa minería es la que se practicaba a principios siglo XX y siglo XIX; hoy en día sobre todo de los 70 para acá la práctica predominante sobre todo en la extracción de carbón, de hierro, de cobre y  también de minerales preciosos, es el tajo a cielo abierto.

 

¿Qué es un tajo a cielo abierto?

 

Es básicamente que con el uso de explosivos y el uso de maquinaria de gran escala —estamos hablando de los llamados yucles (referencia), camiones de volteo que tienen llantas que miden cinco metros de diámetro, imaginate las dimensiones del camión, la cantidad de toneladas que puede cargar—, lo que se hace es que un cerro es devastado completamente y se deja un cráter en el sitio donde estaba antes el cerro, y todo este material que es extraído es procesado para sacar el mineral en el que tenga interés el empresario particular; puede ser carbón, puede ser hierro, puede ser  cobre, puede ser nickel, puede ser este bauxita, aluminio pues; puede ser oro, plata, inclusive otras piedras preciosas, no importa. El asunto es que se extraen grandes cantidades de tierra, se procesan y luego el cerro completo después de ser procesado, después de haberle sacado el mineral que tiene valor, es colocado en otro sitio donde se genera un nuevo cerro pero ahora de desperdicios; desperdicios con un alto grado de toxicidad.

 

Entonces imagínense ustedes, si en este sitio habitaba gente que tenía allí su propiedad privada o tenía allí su ejido, su comunidad, y se dedicaba a varias actividades, a la agricultura, a la ganadería, al pastoreo, se dedicaba al ecoturismo por ejemplo, hay sitios que han sido afectados por la minería y que antes tenían una vocación ecoturística; se dedicaba a la apicultura, en fin, toda esta actividad. Llega a la minería con la Ley Minera en la mano y dice “nosotros somos preferentes, todo esto pasa a segundo plano, nos corresponde a nosotros realizar nuestra propia actividad” y pues básicamente esto tiene efectos sobre el acceso a la tierra, e inclusive el propio dueño de la tierra no puede enfrentarse a un decreto de ocupación temporal por parte de la autoridad a favor de un minero.  Se da un decreto de ocupación temporal, entra el minero a un terreno que no le pertenece y realiza su actividad, y lo más que puede hacer por el dueño de ese terreno es darle una compensación, y las compensaciones suelen ser siempre migajas de las ganancias recibidas por los concesionarios.

 

IV.- Mineras y empleo, un colapso económico para las regiones

 

Aparte están los empleos temporales que ofrecen, y que tienen una duración de entre 10 y 15 años, sin que haya empleo pleno en todas las etapas. Hay etapas, por ejemplo cuando se instala la mina, en las que hay más empleos, después ya que está instalada, la operación misma trabaja con menos empleados de los que se inició. Entonces, básicamente ofrecen pocos empleos y en un periodo de 12 a 15 años la mina se va, los empleos desaparecen y otras actividades económicas que se estaban realizando en la zona ya no pueden continuar y al final de cuentas esto se traduce en un colapso económico para la región.

 

Hemos visto esto ya, por ejemplo, que en las proximidades de San Luis Potosí hubo un proyecto minero que todavía está en operación pero ya no están extrayendo, que se llama “Minera San Javier”, en donde estaba el Cerro de San Pedro, lugar de la primera fundación de la Ciudad de San Luis Potosí antes de que se moviera la valle en donde actualmente se encuentra. Esa zona del Cerro de San Pedro duró 15 años la explotación minera, y hoy los mineros ya no están, los empleos se acabaron y lo que queda ahí es el tajo a cielo abierto que es descomunal. Pueden ustedes buscar fotografías en Google del Cerro de San Pedro y pueden ver la magnitud del tajo. También quedan los cerros de las tepetateras, que es donde echaron todos los desperdicios sulfurosos, que básicamente son cerros de desechos generados a partir de todo lo que se sacó del tajo. Y también un cerro de lixiviados (leer), un cerro de óxidos que fueron procesados con cianuro para extraer el oro. Eso es lo que queda para la gente de allá. Incluso pudimos constatar en una visita reciente que había por ejemplo gente que era famosa en la actividad apícola en esta población, esto es la crianza de abejas; hoy en día ya no hay abejas, las abejas se han muerto y también las flores de las cuales éstas se alimentan, se acabaron por los altos niveles de toxicidad que se encuentran en los alrededores de la mina.

 

 

El aspecto ambiental lo tocaríamos en otra entrevista para no alargar ésta, pero todo este panorama que nos estás pintando está contemplado en la legislación actual, ¿hay visos de que se vaya a cambiar esta legislación?

 

Cierro con el tema general para establecer qué está pasando ahora con la 4T, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

 

Este tipo de explotación y la forma como se ha dado, ha generado ya en todo el país más de 120 conflictos sociales que están vigentes actualmente y que no se acotan a una sola región del país. Tenemos conflictos sociales tanto en el norte como en el bajío, como en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en Hidalgo, están distribuidos estos conflictos por toda la geografía nacional, incluso en la península de Baja California hay conflictos entre mineras y pobladores, y también entre mineras y trabajadores.

 

V.- Minería y 4T: No es un tema de corrupción sino de un mal marco legal

 

Entonces, ante este panorama, con el ascenso de Andrés Manuel López Obrador al poder, la visión que él trae es una visión intermedia, no está plenamente a favor de la defensa de los derechos de la gente que habita estos territorios, pero como lo ven de parte del gobierno, creen que es un tema de corrupción, pero a nuestro parecer no es un tema de corrupción, sino que básicamente el marco legal está mal. Entonces, un apego estricto al marco legal puede generar toda esta devastación ambiental y social, además de conflictos sociales, sin salirse ni tantito de la ley. A nuestro parecer no es un tema de de corrupción, pero este gobierno así lo ve.

 

Francisco Quiroga, que es el subsecretario de minería, es un individuo que se preparó y ha trabajado toda su vida en la industria minera. Estuvo trabajando por ejemplo para la acerera Ternium y hoy es el subsecretario de minería. Él anunció que van a cancelar poco más de 5 mil 500 concesiones, de 24 mil que hay vigentes ahora en el país, y la razón por la cual las van a cancelar, es por un tema como bien se dijo, más bien de temas de corrupción, son mineras que no están pagando derechos o no están presentando sus informes a tiempo, o no están permitiendo las inspecciones que mandata la ley minera. En fin, son temas más que nada administrativos.

 

Y el hecho de que se cancelen no está mal, es para poner el sector en regla, cosa que lleva muchos años sin estar en regla y así lo ha señalado la Auditoría Superior de la Federación. Entonces se cancelarían 5 mil 500 concesiones por no estar cumpliendo con los mínimos que le indica la Ley Minera, pero el resto de las concesiones, las 19 mil y pico de concesiones que quedarían y que se apegan estrictamente a lo que mandata la ley, aún algunas de estas mineras están cometiendo graves y muy peligrosas afectaciones permanentes al medio ambiente en ciertas regiones del país; están extrayendo muchísimos recursos minerales que tienen un valor bastante alto, sin dar una retribución adecuada al Estado, debido a que en la Ley General de Derechos se permite la elusión fiscal en el pago de derechos, gracias a ciertos vacíos legales que presenta.

 

Además no es un sector que esté generando muchos empleos, estamos hablando de que las entidades de exploración, extracción y beneficio generan 140 mil empleos a nivel nacional, no son tantos, tal vez esté creciendo la cifra a 150 mil, pero de todos modos no es más del 0.2 por ciento de la población económicamente activa.

 

A lo que voy con todo esto es que atender el problema desde el lado de la corrupción no va a ser suficiente.

 

VI.- Fondo Minero requiere cirugía mayor

 

Otra cosa que quiere hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es fortalecer el Fondo Minero, que es un mecanismo de redistribución de los derechos que están pagando las mineras hacia aquellos municipios en los que se realiza la actividad. Nuestra crítica es que el Fondo Minero requiere más que cirugía mayor, no nada más una mera adecuación. Primero que nada se tiene que combatir la elusión del pago de derechos porque si no, no va a haber fondos que distribuir, y dos, ¿cómo se le da todo este dinero a las cabeceras municipales que se encuentran casi siempre sumamente alejadas del sitio donde se está haciendo la extracción? Los recursos no llegan a la comunidad afectada, le llegan a un presidente municipal que se encuentra a veces a decenas de kilómetros del sitio que se está afectando.

 

Requiere cirugía mayor el Fondo Minero.

 

VII.- Consulta a los pueblos en la Ley Minera: un ejercicio de simulación

 

Por otra parte está un tema que están promoviendo tanto el gobierno de López Obrador como la Cámara de la Industria Minera, que quieren plasmar la “consulta previa e informada a los pueblos indígenas y equiparables” en la Ley Minera, y con esto se corre un riesgo grave porque si bien dicen ellos que están cumpliendo con los derechos de los pueblos indígenas, que es consultarles antes de realizar uno de estos proyectos —y eso por supuesto que se apega a la legislación internacional—, el único problema es que lo más probable, lo más seguro, lo digo con esa seguridad, es que si queda plasmada la consulta en la Ley Minera, primero que nada no es vinculante para los pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir esto?, que si en un momento dado se presenta un proyecto minero y un pueblo dice que no está de acuerdo, se asiente en el acta que no está de acuerdo, pero no tiene ninguna consecuencia jurídica y el proyecto sigue, lo que se convierte en un ejercicio de simulación.

 

Esas son las tres propuestas del gobierno de López Obrador con respecto a la minería. Las tres cosas que cambiaría serían básicamente: Uno, combatir la corrupción y cancelar aquellas concesiones que estén en falta. Dos, fortalecer el Fondo Minero, que tendríamos que ver la propuesta porque se corre el riesgo de que no lleguen los recursos precisamente a donde tienen que llegar. Y tercer punto, es este asunto de la consulta, que puede convertirse con toda certeza según va orientado, en un ejercicio de simulación.

 

El último punto es que se quiere dar a través del Fideicomiso de Fomento Minero apoyo a los pequeños y medianos mineros, que es el sector que está buscando beneficiar López Obrador por encima de las grandes mineras.

 

Esos son los cuatro puntos que caracterizan a esta gestión. Ninguno de los cuatro resuelve la situación de fondo, que es básicamente que esta actividad, por lo menos como se está practicando a gran escala, es insostenible, está provocando muchos conflictos sociales y mucho daño ambiental y social. Todo esto ha sido documentado por numerosos académicos y con más tiempo podríamos platicar más al respecto, pero no es lo que está atendiendo López Obrador.

 

Sí vemos preocupante cuál es la aproximación de este gobierno al tema de la minería.

 

VIII.- Reformar la Ley Minera debe ir hacia una nueva lógica de desarrollo

 

¿Algún mensaje al poder legislativo?

 

Se han barajado un par de iniciativas de reforma a la Ley Minera por parte de senadores, que tienen algunos puntos buenos como prohibir la minería submarina o prohibir la minería en áreas naturales protegidas, lo cual sería muy bueno implementar, por supuesto, pero no tocan el fondo de la cuestión. Realmente sí se requiere una reforma a la Ley Minera, pero se requiere una reforma de fondo que ponga un poco de cabeza la lógica bajo la cual se hacen estas actividades. Y básicamente debe ser una reforma que tome en cuenta a toda la ciudadanía, no sólo a los empresarios mineros; que se pueda en un momento dado equilibrar los intereses de quienes están en este sector, con los intereses primero que nada de las poblaciones que habitan estos territorios que son afectados o que pueden ser afectados por la actividad; también con los intereses de la gente que vive en la misma cuenca hidrográfica o en los alrededores de una explotación minera que también pueden sufrir afectaciones.

 

Y en general con toda la economía mexicana.

 

Nos hace falta generar una nueva lógica de desarrollo. Todos queremos crecimiento económico, eso es un hecho, y por supuesto que la minería es una actividad que contribuye, no mucho pero sí en cierta forma al crecimiento económico —forma parte ahora del 0.9 por ciento del Producto Interno Bruto—, pero para este crecimiento económico siempre hay los “cómos”, o sea, no todo crecimiento es bueno para el país y hay ciertas actividades que cuando se empujan anulan ya sea otras actividades económicas que se están realizando en una región, o el potencial que tienen otras regiones para realizar otras actividades. Entonces, sobre todo en este momento tenemos que analizar precisamente qué tipo de crecimiento económico buscamos, buscar que sea más sostenible, buscar que sea más incluyente de las poblaciones y que básicamente salga beneficiada la población de México, que es yo creo el punto más importante.

 

Más allá de eso pues dejo esta invitación a los legisladores: reformemos el marco normativo de la Ley Minera bajo otra lógica.

 

***

 

*Francisco Cravioto Lagos

Miembro de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental. Ha sido investigador del Proyecto de Industrias Extractivas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, especializado en temas vinculados a la gestión pública y marco normativo que rige las actividades mineras y de extracción de hidrocarburos por fractura hidráulica en México. Egresado de la maestría en Ciencia Política de El Colegio de México y la licenciatura en Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha trabajado en organizaciones de sociedad civil como Fundación IDEA y Bridges Across Borders. Asimismo, ha laborado para publicaciones como Foreign Affairs en Español y The Economist.

 

***

(Nota*) Hemos encontrado que el porcentaje de territorio nacional concesionado a compañías mineras es motivo de debate entre académicos, periodistas y autoridades, por lo que ponemos a consideración del lector este apunte: Según ha declarado en diversos foros el presidente Andrés Manuel López Obrador, ese porcentaje es de entre el 30 y el 40 por ciento, y corresponde a “como 60 millones de hectáreas” (video), mientras que el periodista Jesús Lemus Barajas, en la página 20 de su libro “México a cielo abierto. De cómo el boom minero resquebrajó al país” (Grijalbo 2018), establece: “En los últimos 12 años el gobierno federal ha entregado títulos de concesión de explotación minera sobre 22 millones 313 mil 941.19 hectáreas, lo que representa la cuarta parte del territorio nacional”. Basándonos en lo que se informa en la página 20 del reporte de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C, “Anuario 2017. Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio” (documento), encontramos que: “A diciembre de 2017,un total de 24,709 concesiones mineras vigentes se encontraban en la superficie terrestre del país, abarcando 20.79 millones de hectáreas”, lo que según nuestro cálculo representa el 10.60 por ciento del territorio nacional terrestre, que es de más de 196,018,900 hectáreas, que corresponden a 1,960,189 kilómetros cuadrados según cuadro del INEGI (cuadro). Este último porcentaje es el que más se acerca al propuesto por nuestro presente entrevistado.

 

 

Foto tomada de: ver