FGR y Suprema Corte contra científicos y académicos. ¿Justicia o persecución?

Por Cristina Sada Salinas

En las últimas dos semanas se ha mantenido en medios de comunicación y redes sociales una gran polémica respecto a la intención de la Fiscalía General de la República (FGR) de encarcelar a 31 científicos y académicos miembros de la organización Foro Consultivo Científico y Tecnológico, quienes están acusados de malos manejos de recursos públicos otorgados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Por un lado, diversas voces destacadas del mundo académico y científico del país han manifestado su rechazo a estas acusaciones, argumentando que se trata de una persecución en contra de la comunidad científica en general, tal y como afirmó la prestigiada astrónoma Julieta Fierro: “Sentimos que hay persecución en contra de los científicos” (nota).

En sentido contrario, muchos periodistas, activistas y simples ciudadanos afines al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han inundado las redes y los medios de comunicación con manifestaciones de apoyo a la FGR, dando por sentado que los 31 acusados son culpables y por tanto deben ser procesados para dar ejemplo de que va en serio la lucha contra la corrupción. El propio AMLO se ha pronunciado en este sentido y en su mañanera del viernes 24 de septiembre señaló que durante 16 años los miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico recibieron 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y otros 471 millones más para cubrir gastos de operación para “restaurantes de lujo e incluso adquirieron una propiedad en Coyoacán… Parte de esos recursos se utilizaron para chóferes, servicio de telefonía celular, compra de bocadilos, salarios para alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero”, dijo el presidente y sentenció: “Era un grupo predilecto de régimen anterior, y entonces como ya no se puede mantener estos privilegios, ahora se sienten perseguidos” (nota).

Llama la atención la existencia de una página web titulada “La mafia de la ciencia”, que desde el pasado año 2020 se ha dedicado en exclusiva a mostrar a detalle las supuestas irregularidades que habrían cometido los miembros del mencionado Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Dejo aquí la liga a esa publicación para quien tenga interés la consulte y saque sus propias conclusiones: (sitio)

Si bien estoy completamente de acuerdo en que se investigue y castigue cualquier mal manejo de los dineros públicos, me preocupa que esta investigación haya tomado el sentido de una campaña de linchamiento en contra de un importante sector de la vida nacional, como lo es sin duda el de la ciencia y tecnología, pues lamentablemente muchos líderes de opinión y ciudadanos seguidores de la 4T están cayendo en generalizaciones burdas, convirtiendo un caso particular de presunto desvío de recursos en una descalificación y criminalización de todas las personas que viven de y para la investigación científica y tecnológica.

Y en este sentido es que me resulta muy preocupante que sea precisamente en medio de esta coyuntura de confrontación y cuestionamiento a las y los científicos y académicos, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté presentando un proyecto que quitaría derechos humanos laborales básicos a quienes trabajan en este sector estratégico para México, pues quedarían incorporados bajo un régimen de “trabajadores de confianza”, perdiendo así no sólo su libertad académica, sino también su derecho a sindicalizarse, a emplazar a huelga, así como estarían totalmente desprotegidos contra despidos arbitrarios e injustificados.

El periodista Fernando Fuentes en su columna de Milenio, lo explica así: “Las y los investigadores de los centros públicos de investigación, otras instituciones educativas y del sector salud, considerados como personal de confianza de manera expresa por el Artículo 5o de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, perderían su estabilidad laboral, podrían ser separados de su empleo sin causa, se les prohibiría formar parte de un sindicato y, en consecuencia, no podrían tener contrato colectivo de trabajo. Todo ello en franca violación a los derechos humanos reconocidos en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. No existe una reflexión a fondo de las consecuencias de cancelar derechos individuales y colectivos y el efecto tendiente a la precarización” (columna).

Estamos siendo testigos de un contrasentido flagrante: la Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para quitar derechos humanos fundamentales a un importante sector laboral del país, lo que contraviene palmariamente el sentido y la naturaleza, la razón de ser, de una corte que es el máximo órgano “de Justicia” en México. ¿Cómo se puede justificar semejante contradicción? ¿Existe una conexión entre ambas situaciones?, no lo sabemos, y esperamos que no la haya, porque se requiere tanto de una mano firme en contra la corrupción como de apoyar la investigación científica de orden público y a quienes la ejercen.

El proceso penal en contra de los 31 científicos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico debe ser llevado hasta sus últimas consecuencias y se deben aplicar las sanciones que correspondan en apego a la ley, o en caso de no encontrarse ilegalidades, la FGR deberá hacer una manifestación pública que destaque la inocencia de los hoy acusados. ¿Podríamos esperar una resolución justa de una instancia presidida por alguien como Alejandro Gertz Manero, quien se ha destacado por usar el poder que le otorga su cargo para ajustes de cuentas personales, como en el caso que hemos difundido en varias ocasiones en este espacio de la señora Alejandra Cuevas Morán, a quien el Fiscal encarceló de manera ilegal acusándola de homicidio? (video), lo que ha motivado que Gertz esté siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto (nota).

Estemos alertas y no nos dejemos llevar por campañas de odio y descalificación, y no permitamos que manipulen nuestra opinión al acusar a todo un sector de la población por las presuntas ilegalidades cometidas por algunos de sus miembros. El caso de la FGR contra los 31 integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico no debe ser usado para justificar una resolución injusta, ilegal e irracional como la que pretende imponer la Suprema Corte de Justicia de la Nación para quitar derechos básicos a las y los trabajadores de la ciencia y la tecnología.

Exigimos que la corrupción sea castigada, venga de donde venga, sin privilegios ni fueros “de facto”. Nadie por encima de la ley, como suele repetir el presidente. Pero también exigimos que esa aplicación a rajatabla de la ley no suponga la estigmatización de un sector estratégico de la vida nacional, como es el científico y tecnológico, y que de ninguna manera esa estigmatización sirva para justificar la anulación de derechos humanos básicos a nuestros científicos y académicos.

Acompaño este texto con un video en el que Séverine Durin, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), lanza un mensaje a Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia, exigiéndole sea detenida esa iniciativa lesiva de los derechos de la comunidad científica.

 

Fotos tomada de: liga