¿Corrupción y “coyotaje” en el Instituto Nacional de Migración Nuevo León?

Por Cristina Sada Salinas

Nuevo León está viviendo desde hace varios días una gran crisis humanitaria por la llegada de miles de migrantes de Centro y Sudamérica que viajan muchas veces a pie y sin contar con lo más elemental como es alimentación, agua suficiente, calzado o medicamentos. Por fortuna algunas organizaciones de la sociedad civil y simples ciudadanos de buen corazón se han abocado a paliar esas carencias y reducir en lo posible el sufrimiento de estos hermanos cuya única “falta” es el buscar un mejor futuro para sus familias.

El Instituto Nacional de Migración (INM) ha brillado por su ausencia en esta crisis y más aún, en lugar de cumplir con su papel de apoyo a quienes arriban a nuestro país desde otras naciones, se dedica sistemáticamente a poner todas las trabas posibles a las y los extranjeros que acuden a ese Instituto para regularizar su estancia en México, para simplemente cumplir con la ley del país que los acoge.

Estamos ahora viviendo en carne propia esta problemática en mi organización de defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, “Spes Viva, A.C.”, ya que uno de nuestros colaboradores es extranjero y necesitamos estar dados de alta como fundación (ante el INM, pues ya estamos constituidos como Asociación Civil ante las instancias correspondientes) para poder contratarlo legalmente. Ahora él está impedido de entrar en México, a la espera de que el INM autorice esa alta, lo cual ha sido hasta hoy imposible, pues tras llenar los requisitos solicitados hemos hecho tres filas de 4 horas cada una en distintos días para que el personal de la delegación Nuevo León del INM revise que la documentación esté completa y entonces pueda darnos una cita para concretar el trámite de nuestra alta.

En cada revisión el personal del INM pide cambios y requisitos nuevos que no se habían pedido en las revisiones anteriores, y a pregunta expresa, el día de hoy 21 de junio de 2022, la joven empleada de ese instituto nos explicó que las revisiones y peticiones de nuevos requisitos podrían prolongarse “cuantas veces sea necesario”, ya que “cada compañero tiene un criterio distinto de lo que se necesita”.

Pudimos constatar que en la misma y hasta peor situación que nosotros se encuentran varios empresarios medianos y grandes que buscan contratar a personas provenientes de Haití, El Salvador, Venezuela y otros países, así como migrantes que vienen a trabajar, quienes han tenido que hacer esas filas de 4 horas hasta 6 veces, en las que el personal del INM les exigen cada vez nuevos documentos y cambios a los que ya habían sido aprobados por ellos mismos.

Llegaron incluso al absurdo de exigir que nuestro representante legal, cuyos datos y atribuciones están claramente especificados en el acta constitutiva de la Asociación Civil, presentara una carta poder en la que él se otorgara poder a sí mismo. Desistieron después de varios minutos en los que les hicimos ver lo irracional de esa petición.

La respuesta a por qué este actuar del personal del INM en Nuevo León podría estar en el hecho de que en las afueras de las instalaciones de ese instituto hay personas que ofrecen “arreglar el trámite, garantizado” a cambio de cuotas que rondan los 7 mil pesos mexicanos. Lo que se conoce como “coyotes”.

¿Será posible que personas externas a la institución puedan “arreglar” estos trámites sin la complicidad del personal de Migración?

¿Es ésta la política de solidaridad con nuestros hermanos migrantes que tanto presume el gobierno federal?

¿Es ésta la política de “cero corrupción y cero impunidad” que pregona el gobierno de Andrés Manuel López Obrador?

¿Es éste el trato que merecen quienes desde muchos países eligen a México para venir a trabajar y buscar un mejor futuro para ellos y sus familias?

¿Es éste el trato que merecemos quienes intentamos cumplir con la ley para poder emplear a esos migrantes que nos traen su talento y ganas de salir adelante?