Ana Georgina a 12 años de injusticia. El abuso de la prisión preventiva en México

Por Cristina Sada Salinas

La libertad es uno de los derechos humanos fundamentales, y todos los gobiernos del mundo tienen como una de sus obligaciones básicas tutelarla. Es por ello que el abuso de la mal llamada “prisión preventiva” que se padece en México nos llama a la indignación y a una reflexión que debería estar en la mente y mesas de trabajo de legisladores, analistas, periodistas y las organizaciones de la sociedad civil.

Es de conocimiento público que en nuestro país los expedientes de las personas sometidas a procesos penales muy frecuentemente son “enlatados”, o sea, archivados de manera indefinida, sin que medie explicación y sin que se llegue a una sentencia “pronta y expedita”, como dictan las normas. Así es que tenemos casos aberrantes de inculpados que permanecen por muchos años, a veces décadas, en prisión sin que se les haya demostrado el delito que se les imputó.

Para nuestro sistema jurídico, como para los organismos internacionales y las legislaciones de todo país democrático, la libertad debe ser la regla y la prisión preventiva una mera excepción. Lamentablemente en México tenemos lo contrario a este principio básico.

Un caso del que recientemente tuve noticia y me ha conmovido, es el de la joven Ana Georgina Domínguez Macías, quien desde hace 12 años permanece recluida de forma “preventiva” en un reclusorio femenil, sin tener la más mínima certeza del proceso que se lleva en su contra.

Felizmente”, en días pasados fue absuelta de un delito que le fue fabricado durante el calderonato.

Considero inhumano e impresentable que alguien esté en una prisión durante 12 años habiendo sido inocente.

Pienso en Ana Georgina y me pregunto: ¿Cómo habrán sido sus días durante estos 12 años esperando que un juez tuviera la “bondad” de revisar su caso? ¿Cuánta ansiedad? ¿Cuánta incertidumbre? ¿Cuánto ha perdido al dejar de ver a sus hijos crecer? Basta leer lo que ella misma escribió sobre su injusto cautiverio para enterarnos de lo que seguramente es solo la punta del iceberg de las penurias que atravesó: leer.

¿Cómo no solidarizarme con ella y apoyarla en su demanda de justicia?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en torno a esta problemática, y afortunadamente el pasado 9 de febrero nos enteramos que serán revisados lo casos por parte de los jueces cuando una persona tenga 2 años privada de su libertad de manera preventiva y oficiosa “para determinar su prolongación, cese o sustitución por otra medida que garantice la comparecencia del imputado al proceso” (documento).

Hago votos porque este antecedente jurisprudencial se comience a aplicar con integridad y a la brevedad; con ello, no prejuzgo, ni pudiera hacerlo, sobre la culpabilidad o inocencia de un individuo sometido a un proceso penal. Con mi opinión simple y llanamente expreso mi satisfacción hacia esta decisión de la Suprema Corte, pues con ella se camina hacia proteger y garantizar los derechos de una población especialmente vulnerable como son los privados de libertad en el país, como bien lo afirma Arturo Zaldívar, ministro presidente de esa corte: 

La prisión preventiva oficiosa… es una condena sin sentencia que castiga en la mayoría de los casos la pobreza y no la delincuencia y que estadísticamente afecta más a las personas de las capas más desprotegidas, a los sectores más pobres de la población y a las mujeres. (ver)

Por último, rescato lo reiterado por Netzaí Sandoval, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública: “Ahora la justicia deberá ser realmente pronta y expedita. No podrá seguir abusándose con juicios que duraban décadas. No es liberación en automática. Es un límite racional a la prisión preventiva oficiosa. A través de audiencias caso por caso, permitirá cambiar la medida cautelar y respetar Derechos Humanos” (nota).

Que estas decisiones se traduzcan en el pleno respeto a los derechos que todos añoramos, para que lamentables historias como la de Ana Georgina no se repitan.

 

Foto tomada de: ver