AMLO ante las Fuerzas Armadas por caso Cienfuegos: ¿sometimiento inevitable?

En los análisis periodísticos que he escuchado y leído hasta ahora sobre el caso de la deportación del general Salvador Cienfuegos a México, me ha llamado la atención que se repite, sin ningún análisis crítico, la afirmación de que si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador investiga, juzga y condena a Cienfuegos, despertará el enojo de la cúpula militar mexicana y pondrá en riesgo la férrea alianza que la 4T ha forjado con las Fuerzas Armadas. Esto, si bien puede ser cierto, ¿es normal?, ¿debemos asumirlo y aceptarlo como “natural” e inevitable?

Me llama la atención que analistas, periodistas y simples ciudadanos, no reaccionemos con sorpresa ante el hecho de que el presidente que tiene como uno de los principales pilares de su mandato el combate a la corrupción y la impunidad, esté inevitablemente atado de manos para actuar contra un miembro individual de uno de los sectores que componen su propio gobierno, en este caso, las Fuerzas Armadas, así pesen sobre ese individuo graves acusaciones relacionadas con la delincuencia organizada.

Viene a mi mente un paralelismo.

Como muchas personas que siguen mis publicaciones saben, he dedicado varios años de mi labor pública a denunciar y combatir la pederastia clerical y la protección que la jerarquía católica da a sacerdotes que han abusado de niñas, niños y adolescentes, por lo que se me ocurre pensar en un ejemplo: supongamos que la policía italiana detuviera en las inmediaciones del Vaticano a un obispo mexicano acusado de pederastia o de encubridor de pederastas —alguien del nivel de Norberto Rivera—, para luego deportarlo a México para que sea juzgado en nuestro país; e imaginemos que todos los periodistas y analistas mexicanos reconocidos en temas de religión dijeran con toda naturalidad, como algo inevitable, que “la tiene muy difícil el gobierno mexicano”, porque si juzga al jerarca católico y lo condena se va a molestar la muy poderosa e influyente jerarquía católica mexicana y vaticana.

¿Ustedes creen que como ciudadanos aceptaríamos como “inevitable” un razonamiento así? Creo que las redes sociales arderían exigiendo que se castigue al jerarca católico por muy encumbrado que fuera y creo que nadie en su sano juicio aceptaría como algo normal y admisible que, por el bien del gobierno, se dejara en libertad a un pederasta o encubridor de pederastas.

¿Por qué entonces aceptar esa misma lógica en el caso de un militar del más alto rango?

Conste que no estoy asumiendo de antemano que Cienfuegos es culpable, eso lo deben determinar las autoridades competentes, lo que quiero enfatizar es el hecho de que, quienes más saben del tema —periodistas, intelectuales y analistas— admiten sin crítica el hecho de que el poder ejecutivo del país debe someterse sin más a la voluntad de las Fuerzas Armadas, aunque con ello traicione uno de los principios básicos de su gobierno, una de las promesas que hizo ante la ciudadanía y por la cual ganó con gran ventaja las elecciones: el combate a la corrupción y la impunidad.

La 4T tiene ante sí, como ya he afirmado, uno de sus retos más grandes con el caso del posible procesamiento judicial del general Cienfuegos, con dos salidas posibles: o hace valer el Estado de derecho y realiza una investigación transparente que no deje lugar a dudas de la inocencia o culpabilidad de Cienfuegos, para que en este último caso sea sometido a un juicio justo pero contundente que lleve a una condena ejemplar, o bien, que en atención a que “se puede enojar la cúpula militar” se haga una investigación superficial que no lleve a nada a la espera de que el caso “se enfríe”, para que al final impere la impunidad, tal y como desde hace décadas vienen haciendo no sólo los gobiernos neoliberales de este país, sino también la jerarquía católica a nivel mundial —para seguir con el paralelismo aquí planteado—, que finge investigar, para luego exonerar y hasta premiar a sus sacerdotes pederastas.

No, no es “natural” ni “normal” que aceptemos sin crítica alguna que en las élites del poder se perdonen entre sí delitos que tanto dañan al país y a la sociedad, por supuesta conveniencia política o por arreglos mafiosos en las alturas y de espaldas a la ciudadanía.

El papa Francisco despertó una gran esperanza de cambio al asumir su cargo y muchos pensamos que por fin se haría justicia a los miles de niños, niñas y adolescentes abusados por ministros católicos. Hoy esa esperanza ha quedado en el olvido y las víctimas y sus familias han tenido que seguir luchando solas, contra todo el poderío que aún le queda a la Iglesia de Roma. ¿Pasará lo mismo en el caso de esta Cuarta Transformación cuyo líder repite como mantra que “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”?

Yo mantengo la esperanza de que la Cuarta Transformación dirigida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, avance, aunque reconozco que ha sido lento el progreso en el combate a la corrupción y la impunidad, pero, a propósito del paralelismo que propongo aquí, he recibido con beneplácito la noticia de que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está proponiendo que se hagan públicas las diligencias que se llevan a cabo contra el arzobispo, hoy emérito, Norberto Rivera Carrera, denunciado en 2017 por el exsacerdote y luchador social, nuestro amigo Alberto Athié, por presuntamente encubrir 15 casos de pederastia clerical (nota). Esto da esperanzas a todas y todos quienes luchamos contra la impunidad de que gozan hasta hoy los sacerdotes y altos jerarcas abusadores de niños, niñas y adolescentes, así como sus encubridores. La apertura de las diligencias del caso es de la mayor relevancia, ya que Rivera Carrera fue durante largos años la figura más importante del catolicismo en México, y porque hasta ahora ha librado, por complicidad de las autoridades civiles, un gran número de acusaciones de víctimas y familiares de víctimas, por su papel en el encubrimiento de sacerdotes presuntos pederastas.

Este gesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Rivera Carrera abre también la esperanza del que el general Cienfuegos, que hoy se encuentra cómodamente libre en su hogar, con la posibilidad de viajar sin trabas por el país, pronto pueda ser llevado ante la justicia por el fiscal Alejandro Gertz Manero, y se le juzgue como a cualquier otro ciudadano por los crímenes que hubiese cometido, si es que se le encuentra culpable.

Como hemos publicado aquí mismo, la actuación del fiscal Gertz Manero no ha sido tan clara y contundente como la de otros funcionarios del actual gobierno —un ejemplo positivo es el del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto—, por lo que el caso Cienfuegos es una oportunidad inmejorable para el fiscal para demostrar que el presidente López Obrador no cometió un error al convertir a la Fiscalía General de la República en un ente independiente del poder ejecutivo.

Ojalá esto se haga realidad y que por fin los ciudadanos que estamos sedientos de ver golpes contundentes contra la impunidad, veamos resultados.